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FETE-UGT denuncia la existencia de “diferencias significativas” entre las distintas comunidades autónomas a la hora de aplicar los criterios que regulan el proceso de admisión de alumnos en los colegios sostenidos con fondos públicos y pide la “escolarización universal” en todos ellos para garantizar la transparencia del proceso y el derecho a la libre elección de centro.

En el ‘Estudio Comparativo de las Normas de Admisión de Alumnos en los Centros Sostenidos con Fondos Públicos en las Comunidades Autónomas’, el sindicato señala que “dado que el alumno tiene derecho a ser escolarizado en cualquier centro educativo público y ante la tremenda heterogeneidad del alumnado en los últimos años, fundamentalmente por la llegada de población inmigrante, se hace necesaria una política educativa de distribución equilibrada”.

Así, propone un reparto equitativo del alumnado con dificultades, con necesidades educativas especiales, inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros y, dentro de ellos, entre sus aulas, “de manera proporcionada”. Además, exige a las administraciones que doten a todos los centros de los recursos suficientes para la adecuada atención a estos alumnos.

En este sentido, demanda profesionales especializados y medidas de gestión de los centros “que se adecuen las necesidades y realidad del alumnado”. Según el informe, las becas de comedor, transporte y libros de texto deberían extenderse a todos los alumnos que las necesiten, independientemente del centro en que estén escolarizados y reforzarse las medidas de coordinación con los equipos de orientación, trabajadores sociales y mediación intercultural.

Por otra parte, considera “fundamental” que se fije un número máximo de alumnos por aula en todos los centros ordinarios sostenidos con fondos públicos no superando 1/4 del conjunto del centro. En su defecto, deberían tomarse otras medidas como el descenso de ratios, el incremento del personal de apoyo “para posibilitar la integración social”.

Igualmente, propone la centralización de las solicitudes de matriculación por localidad, barrio, distrito o zonas, “mediante la creación de oficinas de información comisiones de escolarización, registro y escolarización que eviten el desvío de cierto alumnado por parte de algunos centros”. En opinión del sindicato, es necesario que se dé prioridad a la proximidad al domicilio familiar o laboral.

SÓLO EN TRES COMUNIDADES LIMITAN LOS PUNTOS MÁXIMOS

Por comunidades autónomas, del estudio se desprende que sólo Castilla-La Mancha, Euskadi y Murcia limitan los puntos máximos que se adjudican para cada criterio prioritario. No obstante, en 13 de ellas aplican una puntuación diferente por la existencia de un hermano en el centro, que disminuyen para el resto de hermanos que se matriculen con posterioridad.

En cuanto al baremo que se consigna por la existencia de padres o tutores legales que trabajen en el colegio, la puntuación que se otorga oscila entre el punto de Andalucía, Canarias y Extremadura, hasta los ocho de Asturias y Castilla-La Mancha. Por su parte, Cataluña que emplea una puntuación “muy diferente” al resto de las comunidades, mientras que en Asturias y Cantabria “no se aplica ningún criterio complementario”.

fuente EUROPA PRESS. 25 de Noviembre de 2009.

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